Por: Alberto Martorell. 

Presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos Perú)/Doctor en Derecho de la Cultura.

Que en pleno corazón del Centro Histórico de una ciudad patrimonio de la humanidad de la importancia simbólica global del Cusco se haya podido levantar un edificio en las condiciones que se ha hecho en los predios de la calle Saphi, donde se ha construido en parte uno que pretendía convertirse en un hotel de la cadena Four Points by Sheraton, es francamente símbolo de un Estado fallido, un Estado que no encuentra rumbos hacia el verdadero desarrollo, que claudica constantemente en la defensa de su patrimonio, como de tantas de sus otras funciones básicas.

Frente a ello, se requiere de una respuesta contundente, que nos demuestre a los peruanos y le demuestre al mundo que podemos estar —pues hoy en día, simplemente, no estamos— a la altura del patrimonio cultural maravilloso que nuestros antepasados nos han legado y que merece mejor suerte que estar a merced de empresarios que no son capaces de entender que ese tipo de obras perjudica a todos, a la ciudad, al país, a los habitantes del sitio, a los visitantes y a ellos, que viven de la gloria de nuestro pasado pero no asumen ningún compromiso con el presente de los bienes que representan esa gloria.

Los valores en juego: el bien jurídico protegido

Cusco es una ciudad de simbolismo universal indiscutible. Ha ido perdiendo, y esto es necesario reconocerlo, mucho de su encanto y de su significado cultural por diversos errores cometidos a lo largo de su historia. Uno de los procesos más preocupantes es la gentrificación de la ciudad, donde la vida ciudadana ha sido reemplazada por negocios, sobre todo turísticos, que casi la convierten en un espacio para extranjeros y visitantes, más que para lugareños. Hay un proceso de sustitución de la ocupación del suelo, y barrios otrora tradicionales como San Blas son ahora mayoritariamente ocupados por alojamientos de todo tipo y nivel, restaurantes, lugares de diversión nocturna, ventas artesanales y otros negocios pensados en el visitante. Las familias que ocupaban los inmuebles del barrio, con pocas excepciones, han vendido o alquilado sus inmuebles para esos fines y han salido a vivir en otras áreas de la ciudad.

El entorno verde del Cusco prácticamente ha desaparecido y ha sido sustituido por edificaciones sin vocación estética alguna, ubicadas además en zonas de riesgo, que son cada vez más agresivas con el paisaje de la ciudad. Me ha impresionado muy negativamente en mi última visita, ver cómo los edificios de más de 4 niveles comienzan a surgir, con estilos inenarrables, agresivos del contexto que incluso era considerado sagrado antiguamente, en el que se levantan hiriendo la vista desde, por ejemplo, la Plaza Mayor de la ciudad.

El valor de la ciudad debe considerarse integralmente. El aporte del concepto de paisaje cultural urbano, a nuestro juicio uno de los elementos dinámicos del Centro Histórico, hace que se tenga que prestar atención a los aspectos visuales y contextuales, siendo el entorno de la ciudad uno de los de mayor importancia.

Pero los valores de una ciudad histórica se construyen también desde la valoración de cada edificio. Es la suma de todos ellos, unos con más importancia particular y otros de valor contextual, las que al final constituyen la ciudad en sí misma. Por eso preocupan los pequeños cambios, los aumentos en la altura de un inmueble para abrir un tragaluz, el espacio convertido en lugar de descanso en medio de un tejado, etc.; pero sobre todo las grandes edificaciones que están normalmente vinculadas con empresas transnacionales y sus socios nacionales o locales.

La importancia de frenar atentados: el caso de la calle Saphi

Un atentado contra muros incaicos y otros.

Los empresarios, cuya referencia habría que entrecomillar porque se encuentran lejísimos de un modelo de empresariado comprometido con el desarrollo local, como sería deseable, pretenden victimizarse. Acuden a acusaciones genéricas tratando de desacreditar a quienes no pensamos como ellos. Afirmaciones como que “[...] seguramente actúan de acuerdo con la competencia, que quiere evitar que haya más hoteles de 5 estrellas en el Cusco”, que hace poco declarará el periodista Nicolás Lúcar, quien ha hecho gala de falta de imparcialidad y un comportamiento profesional nada ejemplar, o “repiten informaciones salidas de redes sociales”, que el propio gerente de R&G lanzara también en el programa del Sr. Nicolás Lúcar, demuestran falta de datos objetivos y ninguna capacidad de reflexión crítica.

Sin duda, una peculiaridad del Cusco es la presencia de edificios que constituyen una sola unidad inmobiliaria, en la que se incorporan elementos constructivos de los periodos incaico y virreinal al mismo tiempo. Hay, además, sobre su superficie histórica una serie de elementos de origen inca, con mayor o menor grado de originalidad. En todos esos factores radican los valores de la Ciudad Patrimonio Mundial, sumados al gran valor del contexto paisajístico (cada vez más degradado).

En la ladera que conecta la zona de la fortaleza de Sacsayhuamán, hay una serie de antiguas construcciones incas. Algunos de esos muros han sido dañados, manipulados en diversos momentos de la historia, rehechos sin mayor criterio, simplemente como protección para evitar derrumbes. Pero hay algunos muros incaicos claramente reconocibles. En los inmuebles afectados por las obras indebidas en la calle Saphi, los informes de la Contraloría han permitido determinar que había extensiones de muros incaicos originales. La primera irregularidad que se comete es que los arqueólogos que hicieron las primeras intervenciones en la zona, omitieron registrar con precisión cuáles era muros originales de los que fueron posteriormente reconstruidos o cambiados.

Así el Resumen Ejecutivo del Informe de Contraloría N.° 135-2017-CG/EDUC-AC indica: “[...] no se cauteló que la propuesta arquitectónica preserve los restos arqueológicos, tales como: muros de andenes, canales, pisos y otros de época prehispánica, republicana y colonial, resguardando la originalidad y autenticidad de los bienes culturales encontrados en el inmueble N.° 674, requisitos exigidos para toda edificación dentro del Centro Histórico del Cusco”.

Las imágenes que la propia Contraloría incluye en sus informes, son muy claros para entender que no sólo se limitaron a esa falta de cuidado inicial, sino que después se procedió a reponer los muros en condiciones verdaderamente deplorables.

Se ha escuchado a la arqueóloga que realizó las labores de monitoreo, afirmar que no se encontraron muros incas y que lo único que existían eran muros disturbados en diversos periodos. Lo errado de esa información se desprende de la apreciación de su propio informe, según se puede observar en la imagen anterior, tomada de la Carpeta de control N.° 041-2016-CG/EDUC-AC-CC y que corresponde a los propios informes de quien ahora niega lo que reconoció, aunque no tomara medida alguna para su correcto tratamiento. Tanto es así, que luego el resultado es el que se puede observar en las siguientes imágenes, correspondientes a las página 101 de la citada carpeta y que nos ahorra de todo comentario.

El informe contenido en la Carpeta 041-2016-CG/EDUC-AC-CC de la Contraloría (p.102), se precisa que: “En la visita al predio N.° 386 de la Calle Saphy se observó que se han efectuado labores de restitución de elementos líticos pertenecientes a muros de contención y andenes incas, ubicados en el predio N.° 386 para ser posteriormente enchapados a una pared de concreto con una mezcla de gravilla, barro y cemento, a una de las crujías de la segunda planta del Sector denominado Casa Patio del Hotel Sheraton, constituyendo un muro de aproximadamente 30 metros, el que fue fraccionado en tres partes”.

Bastan estas imágenes para calificar de imposible de ser aceptada este tipo de intervención. Se ha pretendido hacer creer que este tipo de procesos es aceptado en la práctica ya, porque hay locales comerciales que incluyen muros incas en su interior. Es muy distinto el caso de inmuebles tradicionalmente levantados en las primeras etapas de la colonización española, en las que se utilizaron muros de origen incaico para construir sobre ellos los inmuebles de los propietarios implantados por las circunstancias históricas, algunos de los que ahora tienen un uso comercial. En ellos, los muros incas, muchas veces restaurados, llegan a resultar “incorporados” a la imagen del local. Pero no son, o no deben ser, enchapados sobre paredes modernas que nada tienen de originalidad. Eso no podría calificarse, ni siquiera, como un “falso histórico”, sino como una burda utilización de elementos líticos antiguos con fines comerciales.

La demolición incorrecta de un inmueble republicano que forma parte del Bien Jurídico Protegido.

No sólo se ha dañado el patrimonio arqueológico, sino que se ha procedido a demoler y desaparecer un inmueble republicano. Al respecto, también la Contraloría se ha pronunciado con claridad en la Carpeta de control N.° 041-2016-CG/EDUC-AC-CC (p. 107).

“Según la Ficha de Catalogación N.° 0090050220 (anexo n° 124) elaborada por la Sub Gerencia de Gestión de Centros Históricos de la MPC, el inmueble ubicado en la Calle Saphy N.° 704 estuvo compuesta por 10 bloques heterogéneos distribuidos al interior del terreno. La fachada del inmueble era catalogada con valor contextual. Asimismo, la referida ficha de catalogación indica que se había identificado al interior del predio, estructura prehispánica así como estructuras con elementos originales prehispánicos reutilizados, lo cual sumaba valor contextual al predio”.

No se trata por lo tanto de un inmueble desprovisto de valor. Hay que darnos cuenta que estamos hablando de un inmueble de valor tal que, expresamente, cuenta con un grado de protección como parte de un sitio perteneciente a la Lista del Patrimonio Mundial. Eso significa que se trata de un bien con valor que no se limita al ámbito nacional.

La contraloría continúa párrafos más adelante: “Dicha condición le entrega a dicho inmueble una condición particular, por lo que la demolición ocurrida en agosto de 2013 durante las labores de monitoreo arqueológico, no debió ser autorizada por la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco, en el marco del artículo 53° del Reglamento de Plan Maestro del Centro Histórico del Cusco, aprobado con Ordenanza Municipal N.° 140-MC de 30 de diciembre de 2005”.

Como en muchos puntos de la tramitación de este expediente hay una actitud censurable no sólo de parte de los empresarios y los profesionales que fueron contratados para ejecutar esta obra, sino que las actuaciones de los profesionales de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Cusco y de la Municipalidad Provincial de la otrora capital incaica. Justamente en estos últimos días la Contraloría ha concluido estableciendo sanciones contra 12 funcionarios que participaron indebidamente en el proceso. Está llegando así mayores luces sobre lo irregular, ilegal e indebido de un caso que pone en evidencia que los tentáculos de la corrupción alcanzan a todo lo relativo a la vida nacional, especialmente a la cultura.

Esta última afirmación debería ser materia de la más profunda reflexión de los actores de nuestra sociedad. Si el Estado no tiene a su Sector Cultura como abanderado de la lucha contra la corrupción, está es superficial y no garantiza de modo alguno resultados exitosos. Pero, como veremos en el siguiente ítem, con el que cerramos este artículo, la corrupción ha alcanzado, ribetes inconcebibles.

¿Beneficios tributarios?

Aunque el lector no lo crea, la empresa responsable del proyecto hoy detenido y, esperemos que prontamente en proceso de demolición, ha sido elegida como entidad merecedora de un sistema de incentivos tributarios otorgado mediante Resolución Ministerial 070-2015-Mincetur publicada en el 7 de marzo de 2015, por la que “[...] aprueban a Inmobiliaria R&G S.A.C. como empresa calificada para efecto del artículo 3 del Decreto Legislativo N.º 973, Decreto Legislativo que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas, por el desarrollo del proyecto denominado Hotel Saphi”.

El D.L. 973, es un mecanismo que busca promover la inversión, pero que se ha gestionado en algunos casos, como este, de manera ligera y poco responsable. La verdad es, y hay que decirlo, que el proyecto que sabemos viola las normas y parámetros constructivos de la ciudad antigua del Cusco de manera flagrante, fue beneficiado como si se tratara de un aporte al desarrollo del turismo en la ciudad del Cusco.

No es la primera vez que algo así sucede. Pero el nivel y la gravedad de los hechos aquí tratados es extrema, y si no logramos convertirla en una bandera demostrativa de la recuperación de la ciudad, será seguramente tarde para salvar al Cusco, primero para su población local y los peruanos, y luego para los visitantes que tanto interés acaparan por parte de empresarios y autoridades.

¿Son tan bajos los filtros en el sistema de atribución de este tipo de beneficios, que un proyecto contrario a todo el ordenamiento jurídico llega a ser elegido en este tipo de beneficios? Sencillamente suena muy poco creíble que todo esto responda a una cadena de errores. Habría que aplicar aquel dicho popular de “piensa mal y acertarás”.

Aportan, en ese sentido las profundas dudas que genera un hecho calificable al menos de carente de base jurídica y muy extraño. La Publicación de la R.M. 070-2015-Mincetur que otorgó los beneficios tributarios data del 2015, se hizo omitiendo publicar sus anexos, que son indispensables para poder aplicar el beneficio.

Repentinamente, el 28 de abril de 2018, sale publicado en el Diario Oficial El Peruano un documento suelto: se trata de los anexos de dicha R.M. No existe base legal para una publicación así de extemporánea. Sin duda, si se hicieran publicaciones así de distanciadas como continuidad de una norma cuyos anexos se omitieron oportunamente, estaríamos en un estado de inestabilidad e inseguridad jurídica. Por una extraña coincidencia, la publicación sucede cuando el hoy ministro de Cultura, Rogers Valencia, acababa de ser nombrado como ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Esa coincidencia motivó que, cuando el ministro Valencia fue citado a la Sesión Conjunta de las Comisiones de Cultura y Patrimonio Cultural y de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República, el 5 de febrero de 2018, los congresistas Dalmiro Palomino primero e inmediatamente los cusqueños Edgard Ochoa y Armando Villanueva tomaran la noticia con profunda preocupación. La pregunta queda planteada, se pide al ministro que explique el porqué de esa publicación en su gestión anterior en el Mincetur pero su respuesta quedó pendiente ya que Valencia pidió que se permita responder su respuesta por escrito.

Tras casi un mes más tarde, en el anexo del Oficio 032-2019-MC de fecha 22 de febrero de 2019, dirigida por el ministro Rogers Valencia al Congresista Dalmiro Palomino como Presidente de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso de la República se responde la pregunta pendiente: “[…] la empresa solicita la publicación de los anexos de la referida Resolución Ministerial, manifestando que dicha publicación fue requerida por la Sunat. En atención a ello, mediante oficio N.° 257-2018-Mincetur/SG, la Secretaria General del Mincetur solicita la publicación de los referidos anexos en el Diario Oficial”.

Entendamos la dimensión de lo que está confesando el ministro: se trata de un pedido expreso de la parte interesada, que transmite una observación que le hizo la Sunat, que seguramente se negó a tramitar la devolución del IGV, por no haberse publicado el anexo. Así, sin base legal, sin norma que explique y dé vigencia a esa publicación, sin criterio jurídico ni de gestión pública alguno, 10 días después de recibir el pedido, el Mincetur ya había logrado que se publique el anexo. Para que no queden dudas al respecto, citamos una respuesta que la Secretaria General del Mincetur da a un ciudadano que exige explicaciones vía transparencia.

La respuesta de la secretaria general Díaz Salazar en el Memorándum N.° 696-2018/Mincetur/SG de fecha 15 de mayo de 2018 es esclarecedora: “[...] debemos manifestar que de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 973 que establece el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas-IGV precisa que la Resolución Ministerial debe publicarse y en el numeral 5.3 se establece entre otros que debe contener [...] la lista de bienes de capital, bienes intermedios, servicios y la lista de contratos de construcción que se autorizan [...] para la continuación de los trámites de recuperación anticipada del IGV”.

Ya la simple publicación sería extraña, pero que se dé apoyo para que siga avanzando un trámite en beneficio de una obra cuya licencia de construcción había sido anulada, es algo insostenible. Y que se haga justamente a pedido de la empresa beneficiaria y en un plazo récord, ya hace necesario observar si se ha cruzado la línea entre lo legal y lo ilegal.

Balance de la situación en base los criterios técnicos

Cuando el Perú solicitó la inscripción del Cusco en la Lista del Patrimonio Mundial asumió una serie de compromisos que se pueden resumir en uno: conservar los Valores Universales Excepcionales de la ciudad inca. Hay que ser claros en decir que no lo estamos haciendo. El caso más grave y vigente, es el de la calle Saphi. Pero no es el único. Debe frenarse el proceso de destrucción progresiva del paisaje urbano del Cusco de manera urgente.

En virtud de la obligación mutua asumida por nuestro país y Unesco en pro de la conservación del Cusco, una misión internacional ha venido a evaluar la situación. Su conclusión es contundente: es indispensable demoler todo lo que excede los parámetros constructivos en el edificio en cuestión. Es decir que, como máximo, deben quedar en pie dos niveles.

Hay otro informe técnico del máximo nivel que está en juego: el del equipo liderado por uno de los arquitectos más importantes del mundo en materia de conservación del patrimonio, el Arq. Víctor Pimentel Gurmendi. Un equipo formado por los mejores profesionales de Lima y Cusco ha analizado el caso y ha llegado a la misma conclusión. Lo mínimo aceptable es la demolición de lo construido por encima del segundo nivel.

El tema resulta claro. En un país respetuoso de los principios, dos informes de la contundencia de los que acabamos de citar, además de los de la Contraloría que son extensos, precisos y realizados igualmente por profesionales altamente especializados, serían más que suficientes para que las cosas estén claras.

Invocamos la capacidad de reflexión que hasta ahora no hemos encontrado en el ministro de Cultura, Rogers Valencia. Resulta inconcebible que él, que puede ostentar la posición política pero no tiene formación técnica en el campo, dé declaraciones en las que da a entender que el tema de la demolición está en discusión. Señor Valencia, como ministro de Cultura le corresponde hacer respetar aquello que favorece al patrimonio cultural de todos los cusqueños y peruanos. No le corresponde, por capacidad y por funciones, poner en duda las medidas que son la única vía posible para evitar que la maravillosa ciudad del Cusco pueda ser incluso retirada de la Lista del Patrimonio Mundial. El juicio de la historia está a la vuelta de la esquina. Y confiamos que no quiera pasar ud. como el ministro en cuya gestión se consagró la destrucción del patrimonio como si fuera sinónimo de progreso.