Por: Alberto Paz de la Vega.  

Sociólogo e historiador.

Cuando leo noticias sobre el patrimonio inmueble de Barrios Altos en donde las construcciones de almacenes se hacen sobre casonas republicanas, depredando y deformando la volumetría del Centro Histórico de Lima, o el patrimonio inmueble del Cusco en donde un hotel destruye andenería inca y rompe el paisaje cultural, solo nos queda decir que el patrimonio cultural inmueble en el Perú se encuentra en grave peligro, ocasionado unas veces por la desidia y estulticia, por no decir, complicidad de sus autoridades, a lo que se suma la sistemática depredación ocasionada en algunos casos por sus ocupantes, la gran mayoría de ellos en condiciones precarias y otros en clara maniobra por adaptar las construcciones patrimoniales a sus planes de negocio en las zonas monumentales.

Al abordar este tema me viene a la mente las vicisitudes que pasé cuando estuve a cargo de la Dirección Regional de Cultura del Callao y tuve que evitar la destrucción del Hotel Italia, inmueble republicano de connotada participación en la lucha contra las tropas vivanquistas que realizó el pueblo chalaco al interior de su edificación aquel 22 de abril de 1857, y que le diera al pueblo del Callao el título de Provincial Constitucional.

Para ello tuvimos que enfrentar a una cuadrilla de demolición a cargo de personas que tenía sus bases en Oquendo, (eso fue todo lo que pudimos saber sobre los depredadores). Para ello, logré movilizar a la policía que en mis narices dejó a toda la banda escapar, cuando le llamé la atención al oficial a cargo de la intervención logró capturar a los últimos obreros que abandonaban el inmueble en demolición con sus barrenos y combas en la mano (nunca supimos quién los contrató, aunque mi olfato me señalaba a un nuevo empresario que había llegado al Centro histórico). Logramos capturar el camión y a cuatro de los responsables, asentando la denuncia en la fiscalía, recupamos el material desmontado que quedó dentro de la Dirección de Cultura, (una veintena de tablones) con la intención de poder, en algún momento, restaurar el inmueble. Pero el acoso fue constante y sistemático. Se daba al primer descuido de nosotros, aprovechando los feriados largos, las horas fuera de oficina, generalmente en la madrugada, hasta que vino un incendio y los bomberos terminaron por debilitar el inmueble ante la ausencia de protocolos para su intervención y de recursos de los mismos bomberos para enfrentar el fuego en inmuebles de quincha y adobe que son patrimonio de la nación (el agua resulta ser tan perjudicial como el mismo fuego). Hoy en día, este inmueble, no se sabe bajo qué maniobras legales, pudo venderse para ser convertido en una cochera que sirve a los nuevos visitantes al Centro Histórico del Callao.

Las denuncias de esta sistemática demolición fueron asentadas ante el Mincul y se siguió un juicio del cual ya no tuve más información, pues este quedó a cargo de la sede central del Ministerio de Cultura en San Borja mientras que yo dejaba el cargo.

Lo que sí luego llamó mi atención fue como un patrimonio, a todas luces depredado con claras intenciones comerciales, pues se buscaba destruirlo para poder vender el terreno, no tuvo la protección legal que necesitaba para su conservación de parte de las autoridades, ya que no fue una denuncia sino varias las que se iniciaron en contra del propietario. Sin embargo, la carga patrimonial con la que estaba asentada en los registros públicos al ser demolido el inmueble le fue retirada, con lo que el terreno quedó liberado para darle al propietario la posibilidad de venderlo, a pesar del dolo demostrado.

¿Pueden defender un patrimonio atacado en estas condiciones los funcionarios del Mincul? Pues yo creo que sí. nada le cuesta al Ministerio poner una cláusula que impida al propietario vender el terreno liberado de esta manera, es decir no quitarle la carga registral al patrimonio, aun éste haya perdido su condición de patrimonio al ser demolido el inmueble. De la misma forma, se puede usar esta figura para proteger las huacas. Una legislación que sancione este tipo de delito con la inmovilización de la venta del terreno, que solo pueda levantarse esta observación bajo la obligación de reconstruir el bien perdido, pues el dolo estaría claramente probado. Una legislación de este tipo ayudaría a detener esta sistemática destrucción del patrimonio, delitos que son el pan de cada día a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

Lamentablemente, este tipo de estrategias se siguen usando para cambiar el uso de las propiedades y adecuarlas a los nuevos negocios que los propietarios quieren adaptar al interior de los centros históricos y que van deformando su carácter y perdiendo valiosos elementos culturales que deben ser protegidos para nuestras futuras generaciones.