Por: Juan Dávila Herrera. 

Profesional en Turismo y Gestión Cultural e investigador sobre el patrimonio cultural del Callao.

No es necesario entrar en detalles sobre el Centro Histórico del Callao, conformado por lugares que hablan de su pasado glorioso, sin contar sus valores arquitectónicos y estéticos que lo hacen acreedor a ser Patrimonio Cultural de la Nación. Tampoco de la empresa Fugaz, conocida por los vínculos de su fundador con la empresa Odebrecht y mencionada como el escándalo más grande de corrupción en la cultura del país.

Como todos saben, para intervenir todo objeto mueble o inmueble declarado patrimonio cultural se debe presentar un expediente con el detalle de la intervención que se realizará. Esto ocurre en cualquier parte del mundo.

La protección del patrimonio cultural amparada en la Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, dice: “Toda obra pública o privada de edificación nueva, remodelación, restauración, ampliación, refacción, acondicionamiento, demolición puesta en valor o cualquier otra que involucre un bien integrante de la nación, requiere para su ejecución de la autorización del Ministerio de Cultura”.

Si caminamos por las calles del puerto, encontraremos problemas de tipo físicos, como usos inadecuados, alteraciones físicas indeseables, presentación inadecuada del patrimonio, cambios contextuales, pérdida de valores representativos. Entonces viene la pregunta: ¿Se cumplió con lo indicado líneas arriba?

Un ejercicio mental nos recuerda las modificaciones exteriores e interiores del Edificio Ronald o los murales y grafitis sobre edificios declarados patrimonio o en ambientes urbano monumentales y lo más grave en monumentos declarados por ley. No olvidemos el desaparecido Hotel Italia o la suerte que corre actualmente la Casa Conroy, etc.

Encontramos “problemas de tipo simbólico, ya que existe una interpretación sesgada del bien solo para turistas”, como bien menciona Alberto Martorell, y es que el recurso cultural del Callao se ha “turistificado”. No hablamos del Centro Histórico del Callao o del Callao Monumental, ahora dicen “Monumental Callao” o “Barrio de Castilla”, nuestro Edificio Ronald ahora se llama Casa Fugaz. Empieza una pérdida de nombre, afectando la identidad.

Problemas de tipo antropológico-intercultural que pasan desde cambios inducidos en la identidad, incorporación de elementos simbólicos importados, la mayoría de personas que viven en esta zona son pobres. Los jóvenes incorporan elementos simbólicos importados que muchas veces está fuera de su alcance. Existen sentimientos de exclusión en su propio espacio, parte de la población no se identifica con el proyecto.

Si agregamos los cambios de estética urbana, lo que llamaría una “teatralización” para el visitante, cambios de patrón del uso del espacio público, la inseguridad que existe a los alrededores de la zona ocupada por el proyecto Fugaz y la sombra de la gentrificación son indicadores que nos permiten ver los cambios que sufre el primer puerto.

La problemática de la zona es variada y preocupante. Sus habitantes tal vez no lo perciben aún o tal vez hay una autonegación. Todo lo señalado gira en base al patrimonio cultural y la pregunta que debemos hacernos como ciudadanos y en especial nuestras autoridades: ¿Qué queremos o esperamos de nuestra ciudad?

Entonces surge una nueva pregunta: ¿Y las autoridades? No existe una articulación entre autoridades. Una municipalidad que cree que cultura es lo mismo que educación o turismo. Autoridades corruptas que han actuado indiferentes al patrimonio en las últimas décadas y que deben regular mucho de lo mencionado líneas arriba.

Sin embargo, el término Patrimonio Cultural nos trae inmediatamente a la mente el nombre del Ministerio de Cultura, protector del patrimonio de todos los peruanos. Como saben, tiene sedes en cada departamento llamadas Direcciones Desconcentradas de Cultura (DDC). Tenemos una en el Callao, la cual, para ser honestos, al igual que otras autoridades del Callao, es cuestionada por su inacción, ya que el daño al patrimonio es evidente.

Pero no todo es malo. La DDC Callao inició varios procesos administrativos sancionadores-PAS por afectación a inmuebles del Centro Histórico. Después de un largo proceso, el Ministerio de Cultura emitió del 20 de agosto de 2019 la Resolución Directoral N° 094-2019-DGDP-VMPVIC/MC donde aplica una sanción de 15 UIT por alteraciones al patrimonio (pintado no autorizado de fachada y pintado no autorizado de graffitis en puertas).

Lo interesante de esta sanción, la primera de este tipo es que causó sorpresa y beneplácito, pero duró poco porque resulta sorprendente, inquietante e indignante que la sede central en San Borja emita una opinión favorable (oficio N° 000489-2020-DGPC/MC) a favor de la empresa a la cual multó por pintar y alterar el patrimonio cultural y que permitiría ahora el pintado de murales, graffitis en el Centro Histórico del Callao.

Lo sorprendente es que se autoriza el “pintado de murales en monumentos”. Lo increíble y grave es que no existe un expediente técnico de las intervenciones a realizar. ¿Qué criterio siguieron? Otro hecho que salta a la vista es el tiempo ¿Se puede aprobar en solo 4 días? ¿Se puede llamar a esto un acto irregular?

¿Qué papel desempeñará ahora la DDC Callao? ¿Mesa de partes? ¿Cómo queda lo avanzado por la DDC Callao con respecto a otros PAS en proceso?

Es evidente que tenemos un nuevo cuestionamiento para la viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, Leslie Urteaga, y a muchos chalacos indignados por un documento a todas luces irregular. Una empresa que ha sido cuestionada desde su origen y por su evidente maltrato al patrimonio cultural chalaco merece mayor atención y ser visto con lupa al momento de autorizar alguna intervención en la zona.

Estoy de acuerdo con los murales y los graffitis, creo que es un producto que se ha aprovechado bastante bien para reactivar la zona. Sin embargo, la forma en que se ha intervenido es ilegal, el daño al patrimonio es evidente y la falta de respeto al patrimonio y a los chalacos es indignante.

Lo lamentable y grave de todo esto es que el Ministerio de Cultura emita una opinión favorable ignorando nuestra normativa nacional e internacional. La Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao conoce los reclamos de un sector de la población por el maltrato al patrimonio. Un ministerio que no escucha a sus representantes y tampoco a la población deja muchas suspicacias considerando los antecedentes de la empresa en cuestión.