Empresa Alisol S.A.C. rechaza que su maquinaria y personal estén involucrados en atentado contra el patrimonio
Cipriano Vargas Escalante, apoderado de la inmobiliaria Alisol S.A.C., responde ante las especulaciones que los involucran en la destrucción de la Muralla de Chuquitanta.
Por: María Zapata.
El pasado 18 de marzo, un segmento de la Muralla de Chuquitanta, ubicado en el distrito de San Martín de Porres, fue destruido. Una maquinaria pesada irrumpió en la milenaria estructura y hasta el momento las autoridades no han encontrado a los responsables. En este contexto, surge la siguiente pregunta: ¿qué está haciendo el Ministerio de Cultura ante lo ocurrido?
La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura informó, el 19 de marzo, que la inmobiliaria Alisol S.A.C. habría vendido lotes de terreno de su propiedad a personas que viven colindantes al Monumento Arqueológico Prehispánico Chuquitanta; por lo que podría estar involucrado en el suceso. No obstante, el apoderado de la empresa Cipriano Vargas Escalante aseguró no estar informado de lo sucedido y anunció: “[...] rechazamos que nuestra maquinaria y personal estén involucrados”.
Se debe recordar que, en el 2013, la Inmobiliaria afrontó otra denuncia por la destrucción del sector 12 de la zona arqueológica monumental El Paraíso; lugar donde se encontraba la pirámide de la huaca. Adicionalmente, la encargada de la dirección del Museo Andrés del Castillo, Diana Godoy informó que, en 2019, Alisol S.A.C. habría obstruido la construcción de un nuevo camino para evitar que las personas pasen por la zona arqueológica para llegar al Sitio Arqueológico El Paraíso, ya que no recibiría la retribución económica exigida.
A pesar de estos antecedentes, aún no se puede afirmar que sean los culpables del atentado al monumento arqueológico; de modo que los miembros de la Asociación Cultural Kapaq Sumaq Ayllu, quienes vienen protegiendo la zona por más de 20 años y denunciaron el atentado, continúan a la espera de nueva información. Con respecto a esto, la miembro de la Asociación María Rosales dijo: “[...] el Ministerio de Cultura aún no se ha comunicado con nosotros para brindarnos información acerca de los avances de la denuncia”.
Se exhorta a las autoridades pertinentes a no olvidar el caso y a tener una comunicación más asertiva con los ciudadanos. Por el momento, “[...] el Mincul evaluará el caso en un máximo de 30 días y de considerarlo pertinente realizará las debidas acciones legales”, informó el secretario General del Ministerio de Cultura, Juan Antonio Silva.